La agremiación que reúne a inmobiliarios y constructores del país ve con preocupación el proyecto de ley radicado en el Congreso de La República donde se solicita cambiar la Ley de arrendamientos 820 de 2003.
 

 “Eliminar las pólizas y las fianzas de los arrendamientos acabaría con la motivación de los inversionistas. Para mantener a la finca raíz como la opción de inversión más segura es necesario conservar la estabilidad jurídica”, declaró María Clara Luque, presidente de Fedelonjas.
 

 “La claridad en las garantías de esta norma fue la que impulsó la inversión en vivienda para arrendar y no se puede desconocer que hoy muchas familias de todos los estratos que no tienen una pensión laboral tienen como fuente de sustento los cánones de arrendamiento”, agregó.

 

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Así, el gremio da la voz de alerta pues gran parte de las ventas que se están efectuando pueden frenarse aún más si el propietario no tiene la garantía de que su patrimonio está protegido y va a recibir su alquiler. Esto llevaría a una mayor desaceleración del PIB de la construcción y del empleo.
 

“Compartimos la preocupación del ponente en el sentido de que la informalidad de la intermediación de los estratos 1, 2 y 3 es muy alta y, al no tener ni la capacitación ni el conocimiento profesional, las personas inescrupulosas consideran que es suficiente con presentar a un cliente pasando por alto que una verdadera administración inmobiliaria parte del respeto por los contratos y las necesidades y los derechos tanto del arrendatario como del propietario”, indicó  la presidente de Fedelonjas.

 

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Ante la alerta por el incremento de quejas de los arrendatarios, los miembros de Fedelonjas le solicitan al Gobierno Nacional que se regulen las condiciones necesarias y la profesionalización y realmente meter en cintura a las personas que realizan la actividad sin ningún tipo de supervisión. 
 

“Precisamente por ello, Fedelonjas y otros aliados de importancia queremos impulsar en esta legislatura un proyecto de ley que regule los requisitos para que empresas y personas naturales puedan ejercer como intermediarios inmobiliarios, de tal manera que se proteja el patrimonio de los inversionistas y los derechos de los arrendatarios. Esto porque no es suficiente con incrementar las sanciones porque lo que debe regularse es que quien haga la intermediación sea idóneo y brinde de manera correcta el servicio tanto a propietarios como a arrendatarios”, concluyó la Dirigente.
 

 

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