Impuestos para evaluar al negociar un inmueble

Al invertir en finca raíz también hay que evaluar la carga tributaria del negocio. Al respecto, el abogado Álvaro Camacho identifica los puntos más relevantes.
 

Por ejemplo, se debe tener en cuenta que del lado del vendedor está el impuesto de renta y su complementario de ganancia ocasional. Este deberá pagarlo por la utilidad que obtenga en la enajenación o venta del inmueble. Según Camacho, “el precio de la comercialización en la escritura pública, como regla general, es el valor comercial del predio”. 
 

Otra obligación es la retención en la fuente del tributo de renta, que es un porcentaje del ingreso que perciba el vendedor (1 por ciento o el 2,5 por ciento, como regla general). Aunque hay otros casos en los cuales no hay retención. A esta hay que sumarles los comprobantes fiscales de impuesto predial, la plusvalía y las contribuciones de valorización, que son para todo tipo de inmuebles. En la misma línea, Camacho explica que se deberá acreditar ante el notario, para que el interesado reciba la escritura. 
 

Esto también es necesario con el fin de tener claridad sobre el pago de los gravámenes, para lo cual hay que aportar el estado de cuenta, paz y salvo, o constancia de pago, dependiendo de la situación. El abogado anota que algunos de estos comprobantes se pueden obtener en línea y, en ciertos casos, el vendedor aportará la información. 
 

Hay otros tributos asociados al proceso de escrituración y registro, entre los que están las tarifas notariales. En este punto hay que tener en cuenta que su pago corre a cargo de ambas partes (vendedor y comprador), a menos que estipulen otra cosa. 
 

Existe otro impuesto que es el de registro, conocido como “beneficencia” que se causa por la inscripción de la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos. “Su pago se sujetará a lo pactado por las partes, pero se acostumbra que sea asumido por el comprador”, enfatiza el especialista. Otros tributos asociados a la escrituración y el registro son los derechos registrales, que se pagan por la prestación del servicio público de registro.