La construcción indiscriminada que se presenta en Bogotá obedece a dos fenómenos que corresponden a dos escalas claramente diferenciadas: el fenómeno de la construcción informal, de escala barrial sobre barrios ya legalizados; y el fenómeno de la ocupación de la Sabana de Bogotá para ofrecer vivienda a población expulsada de Bogotá, el cual corresponde claramente a la escala regional.
 

La sobredensificación de barrios de origen informal en localidades periféricas como Suba, Kennedy, Bosa o Ciudad Bolívar genera alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados que equivalen a más de 19.000 unidades nuevas de vivienda informal en altura.
 

El peligro de estas construcciones es que se realizan con bajas especificaciones técnicas de construcción, sin cumplir con normas de sismo-resistencia para proteger la vida humana, facilitando el hacinamiento humano y sin la generación de nuevo espacio público o equipamientos cercanos para la oferta de servicios sociales básicos como jardines infantiles, centros de salud, centros de atención al adulto mayor, etc.

 

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La ocupación en la sabana de Bogotá implica a tres grandes grupos de los estratos sociales de la ciudad: al sur, en Soacha y Sibaté, se desplazan familias de estratos bajos; al occidente, en Funza, Mosquera y Madrid, familias de estratos medios; y al norte, Chía, Cota, Calera, Sopó, etc., familias de estratos medios altos y altos.
 

La mayor parte de estos nuevos desarrollos urbanos se construye con la generación de una oferta suficiente y de calidad de nuevos espacios públicos, de equipamientos de servicios sociales básicos (como salud, educación media y superior, bienestar social, cultura, recreación, etc.) y de centros de empleo.
 

No obstante, si se sigue construyendo de forma indiscriminada, tanto las periferias urbanas como las regionales van a seguir un proceso progresivo de deterioro de la calidad de vida urbana que se va a reflejar en el consumo de gran cantidad de tiempo para el desplazamiento cotidiano, en la disminución de la calidad de las construcciones, en la ocupación de suelos con valor ambiental y en sobrecostos para las administraciones municipales regionales en términos de extensión de redes de servicios públicos y de nuevas rutas de transporte público.

 

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